Ya son veinte años de la publicación de ¿A dónde va la justicia en equidad en Colombia?, el libro coordinado por el profesor Édgar Ardila Amaya y editado por Corporación Región en 2006. El tiempo transcurrido podría llevar a considerarlo un trabajo que responde a las inquietudes de entonces. Sin embargo, al retornar a su lectura se advierte que muchas de las preguntas que plantea siguen abiertas; algunas, incluso, han cobrado una nueva dimensión. Esta nota se propone revisitar el libro para examinar la vigencia de sus aportes y lo que pueden decirnos hoy sobre la justicia en equidad en Colombia.

El libro ocupa un lugar particular en la producción académica sobre justicia comunitaria en Colombia. Su aporte comprende la elaboración de marcos conceptuales, el análisis de las políticas públicas que acompañaron el desarrollo de la justicia en equidad, la documentación de experiencias y la apertura de conversaciones con otros campos y problemas relevantes para su comprensión. En ese sentido, es un parteaguas en la construcción de un campo de conocimiento sobre la justicia en equidad, al contribuir a producir un lenguaje para nombrar, distinguir y comprender las distintas dimensiones de este fenómeno.

Y esto último resulta especialmente relevante porque, a mi juicio, la producción de conocimiento continúa siendo uno de los problemas centrales de la justicia comunitaria, si consideramos que un campo no se consolida únicamente mediante normas, instituciones, programas y operadores. Requiere también la capacidad de formular preguntas sobre sus propias prácticas, documentar sus experiencias, identificar sus tensiones y producir conceptos que permitan comprender aquello que ocurre en los territorios. Requiere, en otras palabras, aprender de lo que hacemos y convertir ese aprendizaje en conocimiento que pueda ser compartido y puesto en conversación con otros.

Desde este punto de vista, ¿A dónde va la justicia en equidad en Colombia? hizo algo que, visto veinte años después, sigue siendo valioso. Al tiempo que desarrolla conceptos para comprender una forma de administración de justicia, se acerca a lo que había ocurrido con ella en Colombia. Revisa cómo se fueron construyendo estos procesos, quiénes participaron en ellos, qué ideas los orientaron y cómo las distintas organizaciones que los implementaron fueron dando forma a sus propuestas. Las experiencias que recoge cumplen también un papel importante, pues permiten mostrar distintas maneras de entender y ejercer esta forma de justicia y aproximarse a los diferentes tipos de operadores que fueron surgiendo en los territorios. El libro ofrece así una mirada sobre la justicia en equidad a partir de sus conceptos, pero también de su desarrollo histórico y de los actores que contribuyeron a construirla.

A partir de esta lectura quisiera proponer dos aproximaciones. No se trata de hacer una reseña del libro ni de recorrer sus capítulos de manera exhaustiva, sino de recuperar algunas de sus discusiones para ponerlas nuevamente en conversación con los desafíos que enfrenta hoy la justicia en equidad. En esta primera nota me concentraré en la justicia en equidad como proceso social, una perspectiva que permite desplazar la mirada de la figura jurídica hacia las condiciones sociales que hacen posible que una forma de administrar justicia pueda instalarse y ser acogida en un territorio. En una segunda entrega volveré sobre otros problemas que este recorrido ha dejado abiertos.

Para que esta forma de justicia eche raíces no basta con crear la figura y disponer de personas capacitadas para ejercerla. Es necesario abonar el campo en el que pueda desarrollarse. Ese campo no es solamente institucional. Comprende las relaciones sociales, las formas de autoridad y reconocimiento, las normas sociales, las capacidades comunitarias, las memorias, los conflictos, las prácticas de resolución de controversias y las formas de organización existentes en cada lugar. Son estas condiciones las que permiten que la institución encuentre un lugar en la vida comunitaria, adquiera sentido y pueda florecer como una forma de administración de justicia.

Esta consideración permite comprender una distinción decisiva para leer el desarrollo de la justicia en equidad en Colombia. Se puede poner el énfasis en su función dentro del sistema estatal de administración de justicia o en las condiciones sociales e institucionales que permiten que esta práctica adquiera arraigo.

Desde la primera mirada, se inscribe en la política de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos como una manera de ampliar la oferta de justicia en los territorios. Su valor puede estar asociado a la posibilidad de ofrecer procedimientos para la resolución de controversias, facilitar el acceso a la justicia y contribuir a la descongestión de los despachos judiciales. En esta medida, su sentido se define principalmente por la función que cumple dentro del sistema estatal de administración de justicia.

La segunda mirada supone un desplazamiento sustantivo. La justicia en equidad como proceso social parte del reconocimiento de las instituciones que ya existen en cada contexto y de las relaciones que mantienen entre sí. Esto incluye tanto las instituciones estatales como las instituciones comunitarias, cada una con sus propias funciones, autoridades y formas de regulación. La construcción de la justicia en equidad no consiste simplemente en incorporar una nueva figura al sistema existente, sino en establecer las relaciones que le permitan ocupar un lugar legítimo dentro de ese entramado institucional y social. Su construcción supone, entonces, reconocer y fortalecer el papel que corresponde a las distintas instituciones que participan en la producción de justicia.

Es en este punto donde adquieren importancia conceptos propuestos en el libro que durante mucho tiempo permanecieron en los márgenes de las discusiones, como normas sociales, institucionalidad comunitaria, autoridad comunitaria y apropiación territorial. La justicia en equidad no ocurre en un vacío social. El conciliador actúa dentro de un entramado de relaciones y frente a personas que poseen determinadas concepciones acerca de lo justo, lo permitido, lo debido y lo relevante socialmente. Su autoridad no depende únicamente de la habilitación jurídica, sino también del reconocimiento que obtiene en la comunidad y del conocimiento de las normas y formas culturales que orientan la vida colectiva. Ese conocimiento le permite comprender mejor los conflictos y construir acuerdos que tienen sentido para quienes participan en ellos.

Por eso, administrar justicia no equivale a aplicar un procedimiento. La producción de justicia ocurre en la interacción entre una institución jurídica y un espacio social determinado. La misma figura puede adquirir significados distintos según el contexto en el que se desarrolle, las relaciones comunitarias que encuentre, las autoridades que la reconozcan y las normas sociales que hacen parte de la vida de la comunidad.

Esta discusión cobra especial importancia frente a los desafíos que hoy tenemos por delante. La nueva arquitectura institucional derivada de la Ley 2220 de 2022 y su desarrollo reglamentario plantea una manera distinta de organizar la justicia en equidad. El Programa Nacional de Justicia en Equidad y los Programas Locales de Justicia en Equidad buscan generar condiciones para que su desarrollo no dependa únicamente de la existencia de conciliadores, sino de procesos capaces de articular instituciones, comunidades, autoridades y redes que hagan posible su permanencia. Este diseño ofrece una oportunidad para revisar cómo se han construido estos procesos y para preguntarnos qué condiciones necesitan para arraigarse y sostenerse. Pensar la justicia en equidad como proceso social significa reconocer que una institución no adquiere vida por el solo hecho de ser creada, sino por las relaciones, capacidades y formas de reconocimiento que se construyen a su alrededor. Quizá por eso, veinte años después, la pregunta por el lugar hacia el que vamos sigue siendo tan pertinente como la pregunta por el camino que hemos recorrido.
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