Un martes de diciembre recibí un mensaje inesperado. Un amigo con el que no hablaba hacía casi dos décadas me escribió: “Voy para Bogotá, ¿podemos hablar?”. Me sorprendió y me alegró. De inmediato volvieron muchos recuerdos.

Pensé en febrero de 2003, la noche del atentado al Club El Nogal. Fue ese viernes cuando lo conocí, en una velada extraña y entrañable celebrada en su casa, donde me encontré con una comunidad de colegas que orbitaba alrededor de la justicia comunitaria. Aquella noche de bohemia dejó conversaciones, vínculos y algunos proyectos. Con el tiempo se interrumpieron, pero nunca desaparecieron del todo.

Acordamos vernos un jueves después de las seis de la tarde. Le expliqué —medio en serio, medio en broma— que ahora mi trabajo exigía horarios. Nos reímos un poco de la vida del “oficinista”, como si ese dato también dijera algo del tiempo transcurrido. Empezamos sin solemnidades. Confirmé que conservábamos la franqueza de siempre para hablar de los asuntos que consideramos fundamentales. Después de algunas copas llegamos al tema que quiero contar aquí. Hablamos de los actores de la justicia comunitaria, de esas personas que trabajan a la sombra, lejos de los reflectores institucionales.

Recordé un artículo suyo inspirado en La vida de los hombres infames de Foucault. Allí se refiere a los actores de justicia en equidad como hombres oscuros, no porque carecieran de compromiso, sino porque su trabajo transcurre en ese umbral donde casi nadie mira. Visibles solo cuando algo falla, indispensables para la vida cotidiana de sus comunidades y, al mismo tiempo, casi siempre prescindibles para el relato institucional. Pensé en las chicharras. Cantan hasta reventarse y, al cabo de un rato, dejamos de oírlas. Quizá por eso terminé asociándolas con los conciliadores: pasan años reclamando apoyo, reconocimiento, una mirada que los tome en serio, hasta que el cansancio acaba por volverlos parte del paisaje.

En ese momento caí en la cuenta de algo inquietante. Volvíamos a asuntos que ya habíamos identificado con claridad hacía veinte años. Eran diagnósticos tempranos frente a los cuales nunca se activaron los resortes necesarios para producir respuestas sostenidas. A veces tengo la impresión de que a los conciliadores los tratan como una tecnología con obsolescencia programada, se invierte en ellos durante un tiempo, se los deja deteriorar y luego se vuelve a empezar, como si el ciclo fuera inevitable.

Poco a poco dejamos de hablar de la conciliación como política pública para centrarnos en quienes la habían convertido en una forma de vida. De esa deriva surgió una certeza que esa noche quedó apalabrada: hay que contar historias. Durante años hemos descrito programas, metodologías, indicadores y reformas; mucho menos hemos narrado las vidas que dieron forma a todo eso. Y, sin embargo, es ahí donde se juega una parte esencial de la memoria de la justicia comunitaria.

Historias que le recuerden a la sociedad que en Colombia existen personas que dedican una parte significativa de su vida a resolver conflictos en sus comunidades. Que su labor ha sido decisiva para tramitar conflictos, alcanzar acuerdos y contener la violencia. Que sin ese trabajo silencioso, la violencia a pequeña escala se volvería inmanejable para las comunidades y desbordante para el Estado.

Conocer esas vidas es también una manera de reconocer a quienes han hecho posible la justicia comunitaria. Sus historias permiten comprender que esa labor forma parte de la convivencia democrática del país: algo que no se decreta ni se firma, sino que cobra forma en lo cotidiano, lejos del ruido de la guerra, allí donde muchas comunidades han encontrado maneras de vivir juntas y de contener la violencia en los márgenes de lo visible.

Con mi amigo, después de más de cinco horas juntos, nos despedimos con la sensación de que no solo había relatos pendientes, sino una deuda por saldar. Mientras esas historias sigan dispersas, la justicia comunitaria seguirá apareciendo como una excepción y no como lo que realmente es: una práctica persistente, poco reconocida, mediante la cual miles de comunidades han tramitado sus diferencias, alcanzan acuerdos y contienen la violencia allí donde las instituciones resultan insuficientes.

Tal vez contar no sea el final del caminos, pero sí una manera de impedir que ese trabajo vuelva a quedar, una vez más, en el silencio.