Hace unas semanas, en un encuentro de actores de la justicia en equidad —conciliadores, funcionarios, académicos— volví a decir en voz alta una expresión que no escuchaba desde hacía años: “conciliar bajo un palo de mango”.

La reacción fue inmediata. Algunas personas sonrieron con incomodidad; otras manifestaron abiertamente su desacuerdo. Alguien afirmó que había que superar esa forma de pensar, que expresiones como esa le restaban seriedad a la conciliación en equidad. Mientras escuchaba las objeciones, recordé cuántas veces la conciliación en equidad ha tenido que defenderse de quienes la consideran una forma inferior de justicia.

Esta expresión la escuché por primera vez en 2003, durante una visita a la costa Caribe colombiana. Los conciliadores en equidad la repetían con orgullo y absoluta naturalidad: “nosotros conciliamos hasta debajo de un palo de mango”. Nunca la entendí como una queja ni como una confesión de precariedad. Tampoco era una manera resignada de nombrar la ausencia del Estado. Expresaba, más bien, una disposición a estar disponible para la comunidad y facilitar el diálogo allí donde las personas en conflicto consideraran posible conversar y buscar una solución.

Muchas de las conciliaciones que observé en aquellos años no ocurrían en lugares especialmente diseñados para administrar justicia. Algunas tenían lugar en salones comunales; otras, en terrazas, patios o espacios prestados por organizaciones comunitarias, incluso en la playa.

Recuerdo haber acompañado a Ángel, un conciliador, a resolver un conflicto por linderos. Llegamos en motocicleta hasta el lugar donde dos vecinos discutían desde hacía meses por una cerca que marcaba, o pretendía marcar, los límites entre sus predios. No tenía sentido hablar del problema lejos de allí. Ángel recorrió el terreno con las partes, escuchó las versiones de cada uno, tomó medidas y les propuso construir un acuerdo a partir de lo que ambos consideraban justo. Mientras caminaban, señalaban árboles, estacas y otras referencias del paisaje. La solución apareció allí mismo, sobre el terreno en disputa.

Por eso me llamó la atención que hoy la expresión genere incomodidad.

Lo que parece haber cambiado no es el significado de la frase sino la manera de entender qué le da legitimidad a la justicia comunitaria. Para algunos, la autoridad parece depender cada vez más de ciertos atributos institucionales: una oficina propia, un escritorio, una sala de atención, una imagen que se aproxime a la que tradicionalmente asociamos con la administración de justicia. Para otros, entre quienes me incluyo, proviene de algo distinto: de la capacidad de estar presente donde surgen los conflictos, de comprender las relaciones que los producen y de ofrecer respuestas reconocidas como válidas por la comunidad.

En territorios rurales y periféricos del país, donde la presencia institucional sigue siendo limitada, los conciliadores en equidad desempeñan su labor en condiciones difíciles y con pocos recursos. Sin embargo, las personas continúan buscándolos. No porque carezcan de alternativas, sino porque conocen a la comunidad, entienden los conflictos en su contexto y han construido relaciones de confianza que ninguna infraestructura puede sustituir por sí sola.

Reducir la discusión sobre la conciliación a la existencia de una sede física corre el riesgo de invisibilizar esa experiencia acumulada. También supone evaluar una práctica comunitaria con criterios tomados de otros modelos de justicia, como si la cercanía, la confianza y el reconocimiento social fueran cualidades secundarias frente a la formalidad institucional.

Esto no significa negar la importancia de que los conciliadores cuenten con espacios adecuados para desarrollar su labor. Por el contrario, garantizar esas condiciones sigue siendo una responsabilidad pendiente del Estado. El problema surge cuando la ausencia de esas condiciones se convierte en un argumento para descalificar la práctica misma o para sugerir que allí donde no hay oficinas tampoco puede existir una justicia que merezca ese nombre.

La conciliación en equidad posee un rigor propio. Exige escuchar con paciencia, comprender historias, reconstruir relaciones rotas y encontrar soluciones aceptables para quienes participan en un conflicto. He visto en el Chocó, en el Cauca, en Santander, en Córdoba, conciliadores sostener durante horas conversaciones entre vecinos que llevaban años sin dirigirse la palabra. Los he visto ayudar a transformar discusiones enquistadas en acuerdos posibles. Ese trabajo rara vez ocurre desde la distancia.

El conciliador no es un observador externo que aparece ocasionalmente en el territorio o un maestro de ceremonia que certifica en una acta de conciliación. Es alguien que forma parte de la vida comunitaria, que conoce a las personas involucradas y que, precisamente por ello, puede intervenir de una manera que otras instituciones difícilmente logran. Su autoridad no proviene únicamente de una acreditación o de una norma; también proviene de la confianza que ha construido con quienes acuden a él.

Quizás por eso la imagen del palo de mango sigue siendo tan poderosa. Con el tiempo he llegado a verla menos como la descripción de un lugar y más como una manera de entender el oficio de conciliar.

Tal vez por eso la expresión sigue incomodando. Porque recuerda algo que a veces olvidamos: la justicia no comienza cuando aparece una oficina. Muchas veces ya estaba allí, en la conversación paciente de quienes buscan resolver un conflicto, en la confianza que una comunidad deposita en uno de los suyos, en la sombra de un árbol bajo el cual las personas se reúnen para encontrar la manera de seguir conviviendo.