Las diferentes situaciones de la vida social, en las que la interacción es la condición de posibilidad para la emergencia de conflictos que requieren de regulación por parte de autoridades, configuran todo un campo de demandas de justicia, al cual se busca responder mediante la disposición de una oferta institucional integrada por procedimientos, actores y normas. En la lógica del Estado liberal, este es pues, uno de los factores que da sentido a la existencia de una rama jurisdiccional.

 

Según el positivismo jurídico, frente a determinado tipo de conflictos, el Estado cuenta con una jurisdicción, una autoridad con competencia para administrar justicia, unas normas sustanciales y otras procedimentales a través de las cuales el ejercicio de la administración de justicia se materializa en decisiones oponibles frente a las partes involucradas y

frente a terceros. Esta segmentación de las dinámicas de la conflictividad social reproduce el mito de que el Estado comprende todas las situaciones de contradicción social y, por lo tanto, todo sería susceptible de tener un trámite por parte de los mecanismos formales/judiciales del Estado.

 

Sin embargo, en los territorios de frontera, esos que se han excluido de la construcción del proyecto de nación para convertirse en su revés (Serje, 2011), en los que no se encuentra una capacidad efectiva de regulación por parte del Estado, resulta altamente factible que, al no disponerse de dispositivos institucionales para la gestión de la conflictividad, se generen escenarios de caos (Ardila, 2018), en los que la obtención de los intereses propios se vuelve una cuestión de fuerza, en la que no pueden apreciarse normas aplicables y cada cual se juega su interés con base en sus propios recursos.

 

Arauca, particularmente, es un territorio de frontera en una perspectiva doble. Por un lado, es un territorio fronterizo con Venezuela, con quien comparte 296 kilómetros. Pero, del mismo modo, es una frontera interna en relación con la nación colombiana, situada sobre los bordes andinos.

De ahí que este territorio hubiese sido poblado principalmente a través de un proceso de colonización dirigida “impulsada por el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970)” (Gutiérrez, 2010, p. 6).

 

Este proceso, que se orientó principalmente hacia la zona del Sarare, contrasta con la histórica fundación de municipios como Arauca (capital) y Tame, que datan de los tiempos de la Colonia. Sin embargo, y pese al lugar que busca Tame en la historiografía nacional, como cuna de la libertad, al ser el epicentro de la reunión de las tropas de Bolívar y Santander, la presencia institucional en Arauca ha sido tendencialmente precaria, sin ninguna función de integración nacional relevante. De hecho, la capital de Arauca no ha sido especialmente relevante en la centralización de las relaciones y los flujos de la vida intendencial: “En apariencia, no cumple muchas funciones de polarización económica y espacial, social ni cultural” (Gutiérrez, 2010, p. 4).

 

Margarita Serje (2011) analiza el proceso de colonización del Sarare según las descripciones proveídas por el obispo Builes hacia los años 40 del siglo XX. En estos relatos se empieza a estructurar la imagen de las fronteras de lo nacional como una gesta movida por la “seducción de aventura y la promesa de la inmensidad de los territorios vírgenes donde construir un mundo nuevo” (pp. 216, 217).

 

En palabras de este jerarca católico,

[...] tomad como ejemplo esas soleadas regiones del Sarare, arcas de inagotable riqueza, reservas de energía, fuente copiosa de posibilidades futuras. Si os preguntáis qué cosa es el Sarare se os dirá que es un país lejanísimo, con una fauna primordial, donde residen unas tribus morenas, armadas de envenenados dardos. (Serje, 2011, p. 217) 

 

Desentrañar el discurso que sirve como base de tan magníficas descripciones permite identificar la imagen de una belleza natural protegida del avance civilizatorio por los fieros y bravos hombres, salvajes, equipados con armas rudimentarias. Pero también salta a la vista en la descripción cómo el desconocimiento de una tan maravillosa zona escapa aún al “rumor de la patria que no llega” (Serje, 2011, p. 218), lo cual no es otra cosa que la afirmación de que el derecho territorial del Estado legislado desde los pulpitos de la democracia liberal centralista no ha bautizado esas inhóspitas tierras como parte del territorio sagrado de la ciudadanía nacional.

 

Por tal razón es que el término de “Baldíos de la Nación” es pertinente para entender la pretensión de que esa inmensidad virgen sea extraída para el crecimiento de las arcas de la república. Sin embargo, la república no puede irradiar con el imperio de la ley un proyecto de explotación que integre a ese Sarare mítico. De ahí que surja la necesidad de que los valientes acometan la labor de la integración.

 

Ahora bien, el proceso de la colonización de la región del Sarare, y el consecuente establecimiento de dinámicas de poblamiento basadas en la tumba del monte, la fundación, la apropiación de tierras consideradas como baldíos de la nación y la paulatina urbanización, que fueron contribuyendo al desarrollo territorial del departamento de Arauca, constituyen en su conjunto todo un proceso social de producción del territorio, definido por las dinámicas autogestionarias basadas en lazos de colaboración y solidaridad, mientras que el Estado se mantiene, en cierto modo, ausente.

 

Así, se fueron consolidando,

 

dos núcleos de crecimiento demográfico y económico de importancia: Arauca, la capital, en pleno llano y Saravena, en el piedemonte, sobre la selva del Sarare. Entre estos municipios se ha dado una suerte de complementariedad y competencia por el liderazgo político y económico. (Gutiérrez, 2010, p. 9)

 

En este sentido, vale la pena considerar que la fragmentación que ha hecho de Arauca una zona de frontera en las dos perspectivas vistas, ha generado también una fragmentación institucional, que han provocado “divergencias profundas [...] sobre la manera como se concibe, se interpreta y se aplican las normas. Esto es particularmente notorio en los órganos encargados de mantener el orden público” (García, 2008, p. 38).

 

La fragmentación institucional y las fisuras de una soberanía que nunca estuvo exclusivamente en cabeza del Estado fueron el escenario propicio para la penetración guerrillera en Arauca: hacia 1966, los primeros militantes del ELN llegan a la zona de colonización a establecer formas organizativas comunitarias en los renglones económicos a manera de cooperativas, y de reclamación ante el Estado frente a las necesidades de acceso a tecnologías, créditos, infraestructura y conformación de mercados (Gutiérrez, 2010).

 

Para entender la forma en la que se dio el proceso de la colonización, y la manera sobre la cual debería operar lo institucional, Serje (2011) devela la existencia de un estado civil que solo puede crearse por efecto de crear primero al Otro, a un Otro monstruoso, bruto, sin habla, salvaje, con desenfreno de sus propias pasiones. Este es el Otro que habita el estado de naturaleza, el cual resulta imprescindible para fundar el estado civil, como justificación para su eliminación.

 

Este Otro no tenía necesariamente que ser un “comegente” para poder ser el objeto de la violencia de la gesta civilizadora —llamada regulación normativa—, solo resistirse ante el poder avasallador de la colonia era argumento suficiente para ser calificado como un vestigio del atraso. “A partir de entonces, toda forma de resistencia al orden urbano colonial-moderno se ha visto convertida en barbarie y delincuencia” (Serje, 2011, p. 228). Delincuencia, curiosa apelación nuevamente a una categoría jurídica.

 

Además de sujetos que deben ser regulados mediante la implantación del Derecho formal, un aspecto útil para entender el contexto territorial tiene que ver con la aparición del petróleo como un factor fundamental que explica las dimensiones de las relaciones vigentes en Arauca vistas a través del lente de la integración nacional: la extracción de recursos minero-energéticos en una modalidad de enclave.

 

Esta ha sido la forma de integración económica de la colonización.

 

La imaginación geopolítica del territorio que sustenta esta doble coerción es la base de un sistema de apropiación y de administración que se resume en la política del enclave: la forma de intervención que ha sido privilegiada para integrar los territorios salvajes a la nación y, con el mismo gesto, al mercado global. El enclave sintetiza las políticas de explotación y de pacificación que han caracterizado históricamente la intervención metropolitana en las regiones de frontera. (Serje, 2011, p. 261)

 

En este sentido, la economía de enclave, de característica extractivista, parte de concesionar para que las empresas privadas actúen como promotores de la regulación, desde criterios de mercado. Operan, en zonas salvajes que empiezan a ser controladas, como fuertes en los que se crea una cabeza de playa, desde la cual organizar las avanzadas sobre los baldíos. Se debe tener en cuenta que el enclave es un vaso que comunica el centro de un mercado global con los confines de las periferias; una característica fundamental del enclave como modelo productivo es la necesidad de garantía de seguridad, con lo cual es evidente que su operación en “territorio enemigo” ha hecho que sean unos de los principales promotores de las relaciones de las empresas con paramilitares.

 

Pero la relación no estaría completa si se olvida el rol orientador del Estado nación en la conquista de las vastas tierras vírgenes para la explotación: “Está de más señalar que las explotaciones de enclave han contado con el apoyo incondicional de los gobiernos/élites nacionales y locales, gracias al poder de corrupción de las empresas, que continuamente

compran y sobornan funcionarios” (Serje, 2011, p. 266). Es por esta razón que se dan las fracturas de lo territorial. Esta idea es reforzada por el planteamiento de que en Colombia “ha habido más territorio que nación, más nación que sociedad, más sociedad que Estado y más partidos políticos que democracia” (García, 2008, p. 31).

 

A continuación, se verá cómo se han configurado algunos de los órdenes en el territorio araucano, en especial buscando acotar el análisis a la zona del piedemonte.